Exigen Abogados destitución de Registradora Pública de Apaseo el Grande
Redacción
Un grupo de Abogados de Apaseo el Grande, presentaron una formal queja en contra de la licenciada Diana Berenice Guapo Mendoza, quien se desempeña como Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en los municipios de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, Guanajuato.
Los Abogados solicitan la remoción y en su caso la destitución de esta funcionaria estatal quien despacha en la oficina registral ubicada en Apaseo el Grande, debido al mal servicio y a las conductas discriminatorias con que se conduce, que son violatorias de varias disposiciones legales.
Los Abogados presentaron la queja contra la Registradora Diana Berenice Guapo Mendoza, a través de un escrito dirigido a la Presidenta de la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, Diputada María Eugenia García Oliveros. Al igual que el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Gobierno del Estado y en la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.
El escrito de queja fue entregado este miércoles 13 de agosto de 2025. En este documento, firmado por más de 30 Abogados litigantes domiciliados en los municipios de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, solicitaron la destitución de la Registradora Diana Berenice Guapo Mendoza, “toda vez que su atención no es la adecuada para los ciudadanos que acuden a la oficina antes mencionada a realizar diversos trámites”.
Los Abogados describieron algunas de las situaciones que ocasionan su inconformidad. Entre otras:
La Registradora, al acudir personalmente a la oficina para tratar asuntos relacionados con trámites inherentes a sus funciones, nos niega la atención bajo el argumento de que únicamente atiende previa cita y exclusivamente a través de Notario Público. En casos de duda, aclaración o comentario, no brinda atención inmediata, reiterando que sólo atiende con cita programada.
Al momento de resolver trámites, la Registradora otorga preferencia a determinadas personas o grupos, resolviendo sus solicitudes de forma expedita, en perjuicio de otros ciudadanos cuyos procedimientos, aun cumpliendo con todos los requisitos legales, son retardados injustificadamente. Dicha situación es verificable en el propio sistema, donde se observa que algunas solicitudes se resuelven de manera inmediata, mientras que otras, presentadas con meses de antelación, permanecen sin resolución por periodos prolongados.
En nuestra calidad de asesores jurídicos de los interesados en trámites ante la oficina a su cargo, se nos niega la atención personal si no es a través de notarios.
En la expedición de certificados de inscripción o no inscripción, la Registradora niega los actos sin fundamento legal, en lugar de suspenderlos. Solicita números oficiales en casos de predios irregulares, aun cuando se tramitan mediante diligencias de información, lo que provoca que los procedimientos no avancen. argumentando de manera imprecisa que algunos podrían ubicarse en ejidos o zonas en proceso de regularización sin tener certeza jurídica de esto.
El tiempo de espera para obtener citas es excesivo, incluso cuando existe disponibilidad para atender.
Rechaza órdenes de inscripción emitidas por mandamiento judicial sin la debida justificación; y al solicitar audiencia, descalifica la instrucción judicial, afirmando que “el juez no sabe”.
Incurre en la indebida práctica de recomendar a los usuarios acudir a determinadas notarías para la realización de sus trámites, conducta que no sólo evidencia un trato preferencial, sino también constituye un acto discriminatorio y contrario a los principios de imparcialidad y equidad administrativa.
Desde su nombramiento, se ha observado una prolongación excesiva e injustificada en los tiempos de resolución de los trámites administrativos bajo su responsabilidad. Dicha lentitud contraviene de manera directa los plazos establecidos en la normativa vigente aplicable, generando retrasos significativos que afectan la debida prestación del servicio público y menoscaban los derechos de los usuarios. Esta dilación no sólo incumple con las disposiciones legales sobre términos máximos para la resolución de los procedimientos, sino que también provoca incertidumbre, perjuicios y afectaciones económicas a los solicitantes, impactando negativamente en la confianza hacia la institución a su cargo.
En la expedición de certificados de propiedad, de forma reiterada, no se incluyen todas las propiedades registradas a nombre del titular.
No aplica criterios uniformes y ajustados a la ley, ya que en actos idénticos algunos son inscritos y otros negados sin justificación válida.
Los trámites dejan de resolverse en los términos establecidos por la normativa, debido a que la funcionaria revisa cuestiones ajenas a sus facultades, extralimitándose en su actuación.
Se toma atribuciones que no son de su competencia, en virtud de que en actos jurídicos que se presentan para registro en la oficina a su cargo, califica de improcedentes.
Tiene diversos criterios al de sus compañeros registradores o calificadores cuando les toca apoyar a estos municipios, ya que un trámite igual o similar, uno autoriza y ella no, caso por el cual hablamos con ella y comenta que sus compañeros califican a la ligera.
Comete abuso de autoridad al cuestionar la validez de documentos emitidos por autoridades competentes como Desarrollo Urbano y otras dependencias municipales, manifestando que no debieron expedirse, negando su inscripción sin fundamento legal.
“Como se podrá percatar, la conducta de la Registradora, contraviene a todas luces, las disposiciones legales que todo servidor público se encuentra obligado a cumplir en su función, así como también los principios y directrices que rigen el actuar del servidor público, contenidos en el artículo 7, violentando las fracciones I, IV, V y VIII, estas, relacionadas con el artículo 49 fracción I, ambos numerales, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; así como también, el de atender con amabilidad, respeto, igualdad, buen trato y legalidad en su servicio público, contrario a ello, su función y conducta deja mucho que desear”.
Tras exponer lo anterior, los Abogados solicitan una reunión para exponer toda la problemática que tienen con la Registradora Diana Berenice Guapo Mendoza.
Los Abogados le piden a la Diputada María Eugenia García Oliveros, Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, su intervención “para resolver a la brevedad en la medida de lo posible, nuestro reclamo, que no es otro, más que buen trato, atención y servicio”.
YA HAY ANTECEDENTES
El 21 de abril de 2023, un grupo de Abogados litigantes de Apaseo el Grande y de Apaseo el Alto, en ese momento solicitaron la destitución de la Registradora Diana Berenice Guapo Mendoza.
La petición se le presentó en ese entonces a la Directora General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Gobierno del Estado.
Sin embargo, las autoridades estatales inexplicablemente la mantuvieron en el cargo, sin que al menos la servidora pública corrigiera su comportamiento.
Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Apaseo el Grande A.C., Lic. Paulo Cabrera Lazarini, le presentó un escrito a la Diputada María Eugenia Garcia Oliveros, Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, exponiendo la conducta de la funcionaria estatal.
En esta ocasión, los Abogados de Apaseo el Grande y de Apaseo el Alto, esperan que su queja y petición sea escuchada y atendida, considerando que en su decálogo, el Gobierno de la Gente, pregona que habrá respeto y trato digno para todas las personas.
Además, en dicho Decálogo, el gobierno del Nuevo Comienzo pregona que “el nuevo decir, es el hacer”.
